Cinco empresas del cártel nacieron antes de la campaña de Marina del Pilar.

El 29 de septiembre de 2026 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos bloqueó a 21 personas y 25 empresas que, según su propia investigación, trabajan para Los Mayos, la facción del Cártel de Sinaloa que hoy encabeza Ismael Zambada Sicairos, Mayito Flaco. Entre los bloqueados están el ex esposo de la gobernadora de Baja California, el hermano de ese ex esposo, un ex director de la policía de Mexicali y un ex encargado de la aduana de Ciudad Juárez. El comunicado contiene una frase que no se había leído en un documento oficial de Washington sobre un gobierno estatal mexicano: la narcocorrupción habilitada por el Cártel de Sinaloa "ha alcanzado los más altos niveles del gobierno del estado de Baja California".

Lo que el comunicado no dice pesa casi tanto como lo que dice. No dice cuándo nacieron esas 25 empresas. No dice que cinco de ellas se constituyeron en los cuatro meses previos a la campaña que llevó a la gobernadora al poder. No dice que una agencia de publicidad fue constituida 27 días antes de la elección de 2024. No dice que la gobernadora salió del registro de una de esas empresas 19 días antes del bloqueo. Y no menciona a una sola agencia mexicana entre las nueve instituciones estadounidenses que participaron en la investigación.

Esta investigación mide esas cosas. Con el archivo oficial de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), folio por folio, fecha por fecha.

A. El Tesoro escribe que Luis Alfonso Torres Torres, hermano del ex esposo de la gobernadora, era el responsable de recibir los sobornos del cártel y de lavarlos "a través de empresas y campañas políticas". Esa frase, campañas políticas, es la que esta investigación toma en serio.

B. Cuatro de las 25 empresas bloqueadas venden exactamente lo que compra una campaña: espectáculos, montaje de eventos, audio, iluminación, publicidad. Una de ellas nació 46 días antes del arranque de la campaña por la gubernatura de 2021. Otra nació 27 días antes de la elección federal de 2024.

C. Si una campaña pagó a cualquiera de esas empresas, el dinero del cártel entró y salió del sistema electoral mexicano con factura. Eso deja un documento: la póliza en el Sistema Integral de Fiscalización del INE. Y deja un juez: el que ya tiene abierto el caso de Mayito Flaco en el Distrito Sur de California desde 2014.

OFAC designó a Carlos Alberto Torres Torres (CURP TOTC751118HBCRRR06) y a Luis Alfonso Torres Torres (CURP TOTL600907HBCRRS00) bajo la Orden Ejecutiva 14059 por apoyo material al Cártel de Sinaloa y bajo la Orden Ejecutiva 13224 enmendada por material assistance a una organización terrorista extranjera. El Tesoro describe a Carlos Torres como "operador político vinculado al cártel" con alianza con Juan José Ponce Félix, El Ruso, jefe de Los Rusos en Mexicali. Afirma que el Departamento de Estado le revocó la visa en mayo de 2025 "por su afiliación al cártel y su trabajo a favor del Cártel de Sinaloa". Y afirma que "según reportes" recibía pagos mensuales de Pedro Ariel Mendívil García.

Mendívil García fue director de Seguridad Pública Municipal de Mexicali de diciembre de 2021 a septiembre de 2024, nombrado por la alcaldesa Norma Alicia Bustamante y aprobado por unanimidad en el cabildo. Prensa local de Baja California documentó que el nombramiento fue una recomendación de la gobernadora. Fue detenido por autoridades mexicanas a finales de julio de 2026. OFAC dice que recibió sobornos de El Ruso a cambio del control cartelario de la policía municipal.

Rafael Buenrostro Martín (CURP BUMR821228HBCNRF02), originario de Mexicali, fue asesor legislativo del gobierno de Baja California y después funcionario federal: entró a la Agencia Nacional de Aduanas de México el 16 de junio de 2025 como subdirector de operación aduanera en Ciudad Juárez, y desde el 1 de noviembre de 2025 quedó como encargado de despacho de esa aduana, en sustitución de un coronel destituido en medio de una investigación por contrabando de combustible. Renunció el 9 de enero de 2026. OFAC lo describe como amigo cercano de José Ángel Rivera Zazueta, dirigente del cártel, a quien dio "favores políticos e influencia" a cambio de sobornos.

La acción del 29 de septiembre es la continuación de la del 18 de septiembre de 2025, cuando OFAC designó a Los Mayos y al nodo de Jesús González Lomelí en Playas de Rosarito, con una ex presidenta municipal, catorce bares y hoteles y la concesionaria del transporte público del municipio. Ese nodo lo documentó este espacio el 15 de septiembre de 2026 (HLZ-185). Ahora el Tesoro designa a los socios de González Lomelí en Tijuana: Marco Antonio Moreno Gómez Santelices, Carlos Villela Gómez Santelices y los hermanos Jerónimo Javier y Jorge Mario Vera Ayala. Según registros mercantiles citados por prensa, dos de las empresas bloqueadas en 2025 se constituyeron en mayo de 2021 con Jerónimo Vera y con Jorge Alberto Hank Inzunza como accionistas; Hank Inzunza no está señalado por autoridad alguna.

La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda no está designada. Su nombre no aparece en el archivo SDN. Este texto la trata con presunción de inocencia plena y solo registra lo que consta en documentos públicos: fue socia fundadora de Vida Orgánica Tijuana, S. de R.L. de C.V., y dejó de figurar como socia en el Registro Público de Comercio de Tijuana el 10 de septiembre de 2026.

El negocio público de Vida Orgánica Tijuana es un mercado de productos orgánicos. En el archivo oficial de OFAC, el giro registrado de la empresa es otro: "Transportation and storage", transporte y almacenamiento. Folio mercantil N-2020074577. Constituida el 9 de noviembre de 2020, cuando la hoy gobernadora era alcaldesa de Mexicali. Según el registro mercantil citado por prensa, tuvo siete socios fundadores y capital social de cien mil pesos; la gobernadora y su entonces esposo aportaban quince mil cada uno.

La salida de la gobernadora quedó inscrita el 10 de septiembre de 2026. El bloqueo de OFAC llegó el 29. Diecinueve días. Lo que ningún reporte ha publicado es la fecha del acta de asamblea en la que se acordó esa cesión. Un acta puede firmarse meses antes de inscribirse. Si la asamblea es de 2025, la salida fue tardía y nada más. Si la asamblea es de septiembre de 2026, la pregunta cambia de tamaño: quién sabía que venía la lista.

Festivales Artistas Mobiliario Asesoría, alias Promociones CHF de Baja California, folio N-2021012223, giro oficial: actividades creativas, artísticas y de entretenimiento. Conciertos y Espectáculos Inhouse, S.A.P.I. de C.V., folio N-2023100920, constituida el 25 de enero de 2023, mismo giro. Wermak Publired, S.A. de C.V., folio N-2023089074, constituida el 12 de junio de 2023, mismo giro. Publicidad e Imagen Integral ENLA-C, giro: publicidad. Tres del nodo Moreno, una del nodo Buenrostro.

Una columna de prensa de Baja California señaló el 30 de septiembre que la Fiscalía General del Estado tuvo contratos de "publicidad oficial" con Festivales Artistas Mobiliario Asesoría y con Promociones CHF por audio, iluminación, proyección e interpretación simultánea, con conceptos fraccionados. Es un señalamiento de prensa, nivel D, pendiente de verificación en Compranet y en la Plataforma Nacional de Transparencia. Lo registro porque convierte la hipótesis de campaña en algo más: la hipótesis de gobierno.

El documento que resuelve el Hallazgo 3 existe y es público por ley: el Registro Nacional de Proveedores del INE, donde debe estar inscrito cualquier proveedor de campaña, y las pólizas del Sistema Integral de Fiscalización de la campaña de 2021 por la gubernatura y de las campañas de 2024 en Baja California. Esta investigación solicitó esa información. Cuando llegue, se publica.

Inteliproof Efficient, S. de R.L. de C.V., RFC IEF201019BY7, folio N-2020075511, giro oficial: seguridad privada. OFAC la atribuye a Marco Antonio Moreno Gómez Santelices. Una revisión de prensa en Compranet documentó que en 2024 la Oficialía Mayor del gobierno de Baja California le adjudicó directamente seis contratos por 6 millones 80 mil 938 pesos sin impuestos: cómputo, almacenamiento digital, ropa de protección para la Comisión Local de Búsqueda y refacciones de transporte. Pendiente de verificación directa, pero con número de contrato localizable.

El acta constitutiva citada por prensa registra como socio fundador, junto a Moreno, a Jorge Enrique Figueroa Barrozo, presidente de Canacintra Tijuana de 2021 a 2024 y designado en noviembre de 2024 por la Secretaría de Economía federal como coordinador del Corredor de Bienestar Económico en Baja California. Figueroa Barrozo no está señalado por OFAC ni por ninguna autoridad. Nivel D: dato de registro, sin imputación.

Inteliproof aparece además con permiso federal de seguridad privada DGSP/291-22/4718, vigente hasta diciembre de 2026, según la consulta del registro público de la Dirección General de Seguridad Privada citada por prensa. Una empresa bloqueada por el Tesoro por lavar dinero del Cártel de Sinaloa tiene, hoy, licencia federal para portar armas y custodiar bienes en México.

Gana el que tuvo tiempo. Gana el que cobró seis adjudicaciones directas en 2024. Gana el que administró una aduana federal mientras, según el Tesoro, hacía favores a un dirigente del Cártel de Sinaloa.

Paga el contribuyente de Baja California que financió con impuestos a una empresa que Washington bloqueó. Paga el electorado que, si el Hallazgo 3 se confirma, votó en una elección donde una de las partes compró eventos a una empresa del cártel. Y paga el estado entero: el comunicado le pone nombre y apellido a una frase, "los más altos niveles del gobierno del estado", que cualquier banco corresponsal leerá antes de procesar una transferencia con destino a Mexicali o a Tijuana.

No hay evidencia pública de que ninguna campaña haya pagado a las cuatro empresas del Hallazgo 3. La coincidencia de fechas es un hecho; el pago es una hipótesis con documento pendiente. La gobernadora no está designada y nada en el archivo de OFAC la imputa. No hay prueba de que alguien haya avisado sobre la lista; hay una fecha sin pedir. Figueroa Barrozo, Bustamante, Burgueño y Hank Inzunza aparecen por registros públicos y nombramientos, no por señalamiento de autoridad alguna. Toda persona nombrada conserva presunción de inocencia sin excepción.